(Foto: Balmaceda, Miño y Romero)Uno de los abogados de los tres jóvenes víctimas de la Masacre de Budge, Ciro Annichiarico, aseguró que los policías que perpetraron eran “parte de la patota de Ramón Camps”, ex jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Y recordó que aquél hecho fue “un catalizador que significó el levantamiento de todo un barrio”.
(Ciro Annichiaricco)La Masacre de Budge fue perpetrada por efectivos de la entonces Subcomisaría de Ingeniero Budge, quienes el 8 de mayo de 1987 asesinaron a tres jóvenes que estaban bebiendo cerveza en la esquina de Figueredo y Guaminí, de esa localidad.
“Los policía Ramón Balmaceda, Isidro Romero y Jorge Miño – los homicidas de los pibes de Budge – eran parte de la antigua patota de Ramón Camps que no se había desarticulado”, recordó Annichiarico, que representó a los familiares de las víctimas junto al fallecido León Zimmerman.
El abogado dijo que cuando ocurrió el hecho “había mucha gente en la calle. Había multiplicidad de testigos. Fue un catalizador que generó un levantamiento popular”. Y contó que un rato después de los disparos que terminaron con los jóvenes Aredes, Olivera y Argañaráz “en el barrio hubo un corte de luz generado por la propia Policía y aprovecharon para arrojarles armas a los pibes”.
En tanto, sostuvo que el caso una “bisagra que permitió poner en el análisis el sistema policial que persistía desde la época de (Ramón) Camps”. Y añadió que junto a Zimmerman debieron enfrentarse “una Justicia que era todavía la de la dictadura, con un gobierno ausente, que no parecía cambiar nada”.
Asimismo, señaló que hubo persecuciones a los familiares de la víctimas y a León Zimmerman le quemaron su vehículo.
Annichiarico consideró que desde aquél caso “hubo algunos intentos válidos de reformar la Policía Bonaerense pero enseguida el poder provincial cedía y reaparecía el autogobierno policial, basado en la mano dura, y con la ayuda de peligrosos discursos de algunos medios masivos en la misma dirección”. Y agregó que diariamente recibe en su estudio “denuncia de casos de armado de causas y golpes en comisarías”.
El abogado lomense y asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguró que “existe una gran coincidencia en torno a que detrás de la violencia institucional hay decisiones políticas”. Además, recordó que el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que “no pueden existir cocinas de paco sin que lo sepa la Policía”.
