Ya son siete los muertos por el incendio en la comisaría 3º de Transradio, en Esteban Echeverría. Tantos fallecidos como los que tuvo la “masacre de Pergamino”, luego de que en marzo del año pasado siete jóvenes murieran en un incendio evitable en una comisaría de esa localidad.
Según los testimonios y la investigación que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria –una de las pocas voces oficiales frente al silencio de funcionarios del Estado-, a cuatro días de la tragedia, todos los efectivos de la departamental, incluyendo también a su comisario, siguen en funciones y sin ninguna interpelación o sanción.
Juan Carlos Fernández, la séptima víctima, tenía 31 años y cuatro hijos. Estaba internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital Narciso López de Lanús, y murió ayer por la tarde. Aún hay otras dos personas internadas en grave estado.
Si bien la versión del intento de motín que se instaló quiere mostrar que las siete muertes fueron producto de un simple incidente, lo cierto es que hay dos factores fundamentales que apuntan hacia el gobierno provincial y la Justicia.
Una es la condición de hacinamiento que tanto esta comisaría como otras tienen, en las cuales la vida para los detenidos se convierte en un infierno. Eso habría disparado a una protesta que terminó en un incendio mortal.
Pero el segundo punto es aún más claro: se supo que los uniformados presentes al momento del siniestro, evitaron ayudar a los detenidos y hasta se burlaron de ellos,mientras se debatían entre la vida y la muerte.
“Las primeras pruebas en la causa indican que los policías que estaban funciones el jueves desoyeron los gritos de auxilio y cerraron la llave de paso de agua para impedir las tareas de rescate. Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera”, explicaron desde la CPM.
A su vez, recalcaron que estas personas permanecen detenidas en comisarías inhabilitadas por orden judicial para alojar personas y “el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios”.
“Tampoco tomó ninguna medida para apartar de sus funciones de manera preventiva a los agentes policiales que estaban a cargo de las víctimas. Además, siguen prestando servicio en la misma dependencia, incluyendo al comisario que llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio”, denunciaron desde el mismo organismo.
Juan Carlos Fernández se sumó a las muertes de Elías Soto, que tenía apenas 20 años;Miguel Ángel Sánchez, que estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes; Jeremías Rodríguez de solo 19 años; Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60 y Juan Lavarda de 59.