El Gobierno de la provincia de Buenos Aires suprimió de la estructura orgánica y funcional del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la Dirección de Secretaría de Inteligencia, y transfirió los créditos presupuestarios, el patrimonio, los recursos económicos, financieros y presupuestarios de esa área a la Dirección General de Seguridad.
Lo hizo a través del decreto 1024 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, donde se otorgó el plazo de 30 días para que el jefe del SPB, Xavier Areses, disponga la reasignación del personal de la dirección suprimida y presente ante el ministro de Justicia, Julio Alak, un plan de trabajo para el fortalecimiento e implementación de las tareas que lleva adelante la dirección.
Ese plan deberá incluir «una propuesta programática que tenga como principal objetivo la prevención de conflictos internos, la detección de posibles evasiones y otras conductas ilícitas que puedan suscitarse en el contexto de encierro».
Además, se encomendó que la Subsecretaría de Derechos Humanos realice un relevamiento de los archivos que se conserven en el ámbito de la Dirección de Secretaría de Inteligencia «que guarden relación con el terrorismo de Estado».
Se sostuvo que ello busca «contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia llevado adelante respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país».
Entre los fundamentos de la medida, se especificó que «la única misión institucional del Servicio Penitenciario Bonaerense que justifica la producción de conocimiento propia de la actividad de inteligencia es la vinculada a la prevención de conflictos en el ámbito carcelario, así como de evasiones y otras formas de criminalidad que pudieran tener lugar en el contexto de encierro».
«La implementación de tales acciones preventivas no demanda una estructura de inteligencia, toda vez que pueden desarrollarse adecuadamente desde el área de seguridad de la institución penitenciaria», se añadió.