El represor Ricardo Fernández, imputado del secuestro de 350 personas; entre ellas los estudiantes secundarios de La Noche los Lápices, de 4 homicidios y dos abusos sexuales, cometidos en la última dictadura en los centros clandestinos de Pozo de Banfield y Quilmes, se negó a ser indagado hoy por la justicia federal de La Plata.
«No tengo nada que declarar», dijo Fernández ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último lo juzga por las torturas, homicidios, abuso sexual de 2 personas y ocultamiento de 6 menores cautivos en ese centro.
Fernández, vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria, se expresó de manera dubitativa a la hora de ser identificado por el TOF 1, y afirmó no recordar su documento nacional de identidad ni los nombres completos de sus padres.
No obstante, los informes del cuerpo médico determinaron que estaba en condiciones de ser juzgado.
El represor está acusado como coautor de la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en 350 oportunidades; la aplicación de tormentos a dichas víctimas; el homicidio de 4 personas; 2 abusos sexuales y la sustracción y retención de 6 menores.
Entre las víctimas de secuestro están los estudiantes secundarios secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata, en el hecho conocido como La Noche de los Lápices.
Según la requisitoria de elevación a juicio, todos los delitos atribuidos a Fernández «son calificados como delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio y delitos de Lesa humanidad».
El TOF 1 de La Plata juzga desde fines de octubre a 18 represores, entre ellos el genocida Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos conocidos como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, que estaba ubicado en la Brigada de Lanús.
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 17 de esos represores por los crímenes en el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.
Por los delitos cometidos en el centro conocido como «El Infierno», que funcionó en la Brigada Lanús, será juzgado también Etchecolatz, el civil Jaime Smart, el ex represor Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
Los cuatro están acusados de secuestro, torturas y violencia sexual sobre 62 víctimas, 15 de las cuales se encuentran desaparecidas.