SUTEBA cruzó al Gobierno por las amenazas de sanciones durante el paro docente

En el marco del paro nacional docente que se llevó adelante este lunes «desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego», el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) salió al cruce de las advertencias lanzadas por la gestión nacional para intentar quebrar la medida de fuerza. La secretaria general del gremio, María Laura Torre, calificó como «comunicados de apriete» a los anuncios realizados por el gobierno de Javier Milei a través de canales no oficiales.

La tensión escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, emitiera un comunicado que informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevaría adelante una «inspección muestral» en escuelas de todo el país. El objetivo oficial fue verificar que se respetara el cumplimiento del 75% de la prestación del servicio educativo, con el argumento de la ley que declara a la educación como «servicio esencial», bajo amenaza de aplicar las «sanciones que correspondan».

En diálogo con La Cielo, Torre fue categórica al desestimar la validez de estas advertencias y la metodología utilizada por la Casa Rosada para difundirlas. «Lo primero es que no es por las redes que uno notifica a las entidades», disparó la dirigente, en referencia a que la ministra suele utilizar posteos en redes sociales en lugar de notificaciones formales. Para la conducción de SUTEBA, este accionar representó una distracción frente a las responsabilidades primarias del Estado nacional.

«En vez de estar jugando en las redes sociales con comunicados de apriete, lo que deberían estar haciendo es convocar a la paritaria», sentenció Torre. Según la secretaria general, el gobierno buscó intimidar a los trabajadores en lugar de resolver el conflicto de fondo, que incluyó el congelamiento del piso salarial en 500.000 pesos —cifra que calificó como inexistente frente a la inflación— y la parálisis de las mesas de negociación nacional.

Sin injerencia en las provincias

Otro de los puntos centrales del rechazo gremial radicó en la falta de facultades de la Nación para intervenir en el control del presentismo dentro de las jurisdicciones provinciales. Torre recordó que la gestión de las escuelas es una responsabilidad de las provincias y que el intento de inspección nacional resultó inviable. «No tienen injerencia en las provincias, no pueden hacerlo, no existe esa inspección. ¿De quién lo harían? ¿Desde dónde la harían?», cuestionó la referente de SUTEBA.

Asimismo, la dirigente tildó la medida de «absolutamente inconstitucional» y recordó que, bajo los principios del derecho internacional, la educación no es considerada un servicio esencial de carácter comercial, sino un derecho humano que el propio Estado estaría vulnerando con los recortes. «Esencial es que el Estado garantice realmente una educación y el derecho para todos y todas, que es lo que no está haciendo este Estado», reforzó.

El «robo» del salario como motor del paro

Más allá de las amenazas de sanciones, desde el gremio bonaerense enfatizaron que el paro constituyó una respuesta al «robo» que sufrieron los docentes de todo el país con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Torre explicó que esta quita representó una pérdida de unos 300.000 pesos en salarios promedio, lo que empujó a miles de maestros a un grave endeudamiento personal.

«A nosotros nos robó el gobierno de Milei una gran parte de nuestro salario», denunció, y vinculó el desfinanciamiento no solo a lo salarial, sino también al abandono de obras de infraestructura escolar y al recorte de partidas para comedores y becas. Para SUTEBA, el deterioro del sistema educativo fue responsabilidad absoluta del secretario de Educación, Carlos Torrendell, a quien Torre acusó de no haber «pisado nunca una escuela» en territorio bonaerense.