La Libertad Avanza bonaerense pidió el juicio político contra la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires formalizó un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, luego de que la magistrada suspendiera en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La presentación fue impulsada por el diputado nacional y vicepresidente del espacio libertario en la provincia, Alejandro Carrancio.

El planteo de LLA contra la jueza

En el escrito presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento, el espacio libertario sostuvo que Pascual se excedió en sus atribuciones al dictar una medida de alcance general sobre una norma sancionada por el Congreso Nacional. Uno de los ejes centrales de la denuncia apuntó al alcance de la resolución: según el planteo, la jueza no limitó su decisión a una situación particular vinculada al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, sino que extendió sus efectos a toda la provincia de Buenos Aires.

La presentación también incorporó como argumento el posterior fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que revocó la medida dictada por Pascual. De acuerdo con lo que reprodujo el escrito de LLA, el tribunal de alzada cuestionó que una decisión judicial pudiera suspender con alcance general una ley aprobada por el Congreso y remarcó los límites que impone la división de poderes.

Con esos fundamentos, el partido libertario sostuvo que el episodio no se agotó en una discusión sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, sino que además abrió un conflicto institucional en torno a las facultades de los distintos poderes del Estado. Para LLA, la Justicia debe ejercer el control de constitucionalidad dentro de sus competencias, sin sustituir las funciones del Poder Legislativo.

La presentación solicitó que el Jurado de Enjuiciamiento analice la actuación de la magistrada y determine si corresponde avanzar con un proceso de destitución. A su vez, pidió que se evalúe su apartamiento preventivo mientras se sustancia el trámite.

El origen del conflicto judicial

La decisión de Pascual se conoció el 7 de septiembre, cuando la jueza hizo lugar de manera parcial a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por organizaciones dedicadas a la defensa de adolescentes privados de libertad. En esa resolución, dispuso suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen en el territorio bonaerense. Para fundamentar la medida, citó las condiciones de infraestructura, los recursos y el personal disponibles para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.

La decisión generó una fuerte discusión judicial porque no quedó limitada a una situación individual. Al revisar el caso, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora sostuvo que una ley sancionada por el Congreso conserva su presunción de legitimidad y que una eventual declaración de inconstitucionalidad debe analizarse frente a un caso concreto. Los camaristas, además, ordenaron a Pascual revisar con urgencia su propia competencia para continuar interviniendo en el expediente.

El tribunal de alzada cuestionó, en particular, que la suspensión general se hubiera sustentado en posibles consecuencias futuras de la implementación de la ley, sin que se hubiera acreditado, según su análisis, una afectación concreta y actual de derechos.

Con la resolución de la Cámara, la Ley 27.801 volvió a quedar vigente en la provincia de Buenos Aires. La normativa establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y amplía su aplicación a adolescentes desde los 14 años. El proyecto había recibido media sanción en la Cámara de Diputados en febrero, tras un debate que incluyó posiciones encontradas entre distintos bloques políticos en torno a la baja de la edad de imputabilidad.