Jorge Castillo, el empresario conocido como «el Rey de La Salada», fue procesado por la Justicia federal en una causa que investiga evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero y violación de la ley de marcas. El fallo estableció que permanecerá detenido y deberá afrontar un embargo de $750 millones.
El juez federal Luis Armella dictó prisión preventiva para Castillo y procesó también a sus socios Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa como coautores de los mismos delitos. La investigación apunta a desbaratar la organización que operaba en la feria de ropa más grande del país.
Millonaria evasión fiscal
Según el pedido de elevación a juicio presentado por los fiscales, entre 2013 y 2017 la banda habría evadido más de $142 millones en el Impuesto a las Ganancias y otros $126.684.567 en concepto de IVA. Con los intereses acumulados, el monto total supera los $228 millones.
En el caso específico de Castillo, la evasión ascendería a $19.170.956 en Ganancias y $10.415.000 en IVA, con intereses que superan los $15 millones.
Operativo de gran envergadura
La investigación se intensificó el pasado 22 de mayo con una serie de allanamientos y detenciones que incluyeron la clausura de La Salada. El operativo se extendió también a la feria El Olimpo y las galerías del barrio porteño de Flores.
Como resultado de los procedimientos, el juez Armella procesó con prisión preventiva a otros 20 detenidos vinculados a la organización.
Impacto en La Salada
La clausura de La Salada generó largas jornadas de protestas por parte de comerciantes y trabajadores de la feria. Tras tres semanas de cierre, el centro comercial pudo reabrir sus puertas bajo una serie de requisitos establecidos por las autoridades.
La causa marca un hito en la investigación de las actividades ilegales en uno de los centros comerciales más importantes del país, donde se estima que operan miles de comerciantes y se mueven millones de pesos diariamente.
