¿Celulares en las cárceles? Jueces lomenses exigen al Gobierno bonaerense prohibir su uso

En un movimiento judicial de fuerte impacto político, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora elevaron un reclamo formal al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El pedido es claro: se debe prohibir y controlar de manera estricta el uso de teléfonos celulares por parte de los internos en las unidades penitenciarias. La medida busca revertir una política que se flexibilizó durante la pandemia de COVID-19 y que, según los magistrados, se ha convertido en una herramienta para la comisión de delitos desde el interior de las cárceles.

El origen de la polémica

Durante la emergencia sanitaria del 2020, se permitió el uso de dispositivos móviles para que los presos mantuvieran contacto con sus familias ante la prohibición de las visitas presenciales. Sin embargo, una vez normalizada la situación, el uso de estos aparatos persistió. Los jueces lomenses advierten que la falta de regulación permite que se coordinen robos, secuestros virtuales conocidos como «cuento del tío» y hasta ajustes de cuentas contra testigos y víctimas que se encuentran en libertad.

La crisis del sistema penitenciario

El pedido del TOC 4 ocurre en un contexto de hacinamiento crítico en las cárceles bonaerenses, como la Unidad 40 de Lomas de Zamora o los penales de Ezeiza y Florencio Varela. La falta de escáneres, inhibidores de señal y personal suficiente para requisas constantes hace que el control de la tecnología sea casi nulo. Los magistrados sostienen que la seguridad pública en el Conurbano depende, en gran medida, de neutralizar la capacidad de mando de los líderes de bandas criminales que operan desde sus celdas.

• El reclamo apunta directamente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
• Se denuncian constantes estafas telefónicas originadas en penales.
• Los jueces exigen inversión en tecnología de interferencia de señales.

La resolución del tribunal pone presión sobre el Ejecutivo provincial para que defina una postura clara sobre los derechos de los detenidos versus la seguridad de la ciudadanía general.