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El juicio por jurados que ventila el atroz asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba sumó un capítulo de altísima tensión en los Tribunales de Lomas de Zamora. El principal imputado de la causa, Maximiliano Pilepich, solicitó ampliar su declaración indagatoria frente al jurado popular de 12 ciudadanos y buscó conmoverlos desvinculándose por completo de la autoría material del homicidio. «Yo no lo maté, era mi amigo», aseguró de forma contundente ante la mirada atónita de los presentes en la sala.
La declaración de Pilepich no transcurrió en un clima pacífico. Durante su alocución, el acusado intentó rebatir la hipótesis de la fiscalía que conduce Marcela Dimundo, la cual sostiene que el móvil del crimen estuvo guiado por la codicia y una deuda económica de 50.000 dólares que mantenía con la víctima. Al desmentir esta versión, se generó un fuerte cruce cuando el hermano del fallecido, Rodolfo Pérez Algaba, quien es representado por el abogado penalista Javier Baños, lo interrumpió a los gritos tratándolo de mentiroso y acusándolo de haberle disparado por la espalda.
El caso que conmocionó a la opinión pública nacional en julio de 2023 comenzó cuando parte del cuerpo desmembrado de Pérez Algaba apareció en el interior de una valija roja arrojada en un arroyo de Ingeniero Budge. Las pericias posteriores determinaron que el joven comerciante y trader de criptomonedas recibió dos disparos por la espalda a corta distancia mientras se encontraba en una oficina precaria del predio de loteos «Renacer», ubicado en la localidad de General Rodríguez. Según la reconstrucción de la fiscalía, la víctima se había trasladado hasta allí a bordo de una camioneta Range Rover blanca con el único propósito de cobrar el dinero adeudado por Pilepich.
Además de Pilepich, en el banquillo de los acusados del juicio por jurados se encuentran Nahuel Vargas y Matías Gil, todos seriamente comprometidos por testimonios de allegados que confirmaron las deudas previas y las disputas monetarias con el comerciante asesinado. Por otra parte, la causa judicial contempla un segundo debate técnico para juzgar a presuntos cómplices secundarios, entre los que figuran ex policías y una gestora, acusados de haber facilitado el plan criminal o colaborado activamente en el encubrimiento del homicidio.
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