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Un giro inesperado se produjo en la causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas a la feria La Salada. La Cámara Federal de La Plata dispuso la liberación inmediata de Jorge Castillo, conocido mediáticamente como «El Rey de la Salada», tras dictaminar la falta de mérito en los cargos que se le imputaban. El tribunal dejó sin efecto el procesamiento con prisión preventiva que había sido dictado originalmente por la justicia federal de Lomas de Zamora.
La resolución judicial sostiene que las pruebas recolectadas hasta el momento no son suficientes para incriminar de manera directa a los líderes del predio ferial en delitos financieros de tal magnitud. Esta decisión alcanza también a otros imputados en el expediente que permanecían privados de su libertad. Castillo, quien fuera detenido en un espectacular operativo en su domicilio en 2017, ha sostenido siempre su inocencia, atribuyendo las causas judiciales a persecuciones políticas relacionadas con la gestión económica del complejo comercial ubicado en Ingeniero Budge.
La liberación de los referentes de La Salada genera fuertes repercusiones en el partido de Lomas de Zamora, dado el peso económico que tiene la feria en la región y la cantidad de familias que dependen del comercio directo e indirecto generado en sus pabellones (Ocean, Punta Mogote y Urkupiña). Históricamente, el complejo ha estado bajo la lupa de la Justicia y de organismos como la AFIP por irregularidades tributarias, pero este fallo de la Cámara de La Plata marca un precedente significativo en cuanto a la solidez de las acusaciones penales más graves.
Desde el entorno legal de Jorge Castillo celebraron la medida, asegurando que se ha hecho justicia tras años de litigio. No obstante, la investigación de fondo continúa y el Ministerio Público Fiscal podría apelar la resolución ante instancias superiores. Mientras tanto, la actividad en la zona de la ribera del Riachuelo sigue siendo uno de los focos de mayor interés para las autoridades locales en materia de seguridad y regularización comercial, especialmente tras los recientes encuentros del Consejo de Seguridad y Justicia encabezados por el intendente Federico Otermín en la UNLZ.
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