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El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de tres plantas clandestinas dedicadas al envasado ilegal de agua que se comercializaba en centros urbanos de los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. El megaoperativo fue ejecutado por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza con la asistencia técnica del Departamento Delitos Ambientales, bajo las directivas del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella.
Las intervenciones judiciales se iniciaron a partir de una serie de denuncias anónimas radicadas por vecinos que alertaban sobre movimientos sospechosos en inmuebles residenciales de la localidad de Canning. Las personas denunciantes indicaron que los domicilios particulares habían sido transformados de manera ilegal en talleres industriales de tratamiento y embotellado de agua de pozo, sin ningún tipo de control sanitario, además de verter de forma constante e ilegal efluentes de sustancias químicas nocivas en las zanjas de las calles públicas del barrio.
Los investigadores de la Policía Federal y los inspectores sanitarios correspondientes irrumpieron de manera simultánea en los tres predios allanados, constatando un escenario de extrema precariedad e higiene deficiente. En el lugar se recolectaron muestras líquidas para la realización de peritajes químicos y bromatológicos con el objetivo de determinar si el líquido presentaba niveles severos de contaminación microbiana o metales pesados que pudieran constituir un peligro directo para las familias que habitualmente consumían estos bidones de agua de mesa.
Al solicitar la documentación obligatoria que exige el Código Alimentario Argentino, los encargados de los establecimientos clandestinos no pudieron presentar ninguna habilitación municipal ni provincial que avalara la explotación comercial del recurso hídrico. Como consecuencia directa de estas graves anomalías sanitarias, la justicia federal dispuso la inmediata clausura y precintado de las maquinarias de filtrado y llenado automático. Asimismo, se procedió al secuestro de 600 bidones plásticos de 20 litros de capacidad —de los cuales un centenar ya se encontraba lleno para su despacho— junto a tres dispositivos telefónicos celulares.
Por el hecho quedaron imputados dos hombres de 62 años y una mujer de 39 años, todos de nacionalidad argentina, quienes fueron notificados de la formación de una causa penal por presuntas infracciones a la Ley N° 18.284 del Código Alimentario Argentino y al Artículo 172 del Código Penal, que penaliza las estafas y defraudaciones comerciales. Las autoridades sanitarias de la región reiteraron la recomendación de verificar la procedencia de los bidones de agua de mesa adquiridos a domicilio y exigir los sellos oficiales de control.
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