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Viajar en colectivo por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se transformó en una misión de supervivencia para millones de trabajadores. El deterioro del sistema alcanzó niveles críticos, manifestándose en paradas desbordadas, frecuencias que superan los 40 minutos de espera y una notable disminución de las unidades en la calle.
Un revelador informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso cifras a esta sensación térmica: entre 2019 y marzo de 2026, la cantidad de colectivos en circulación cayó de 19.348 a 16.989 unidades, lo que representa una reducción estructural del 12% en la oferta de transporte.
Este recorte en la flota se siente con especial dureza en la Zona Sur. En distritos como Florencio Varela y Almirante Brown, los usuarios denunciaron que el servicio es cada vez más deficiente. Un caso emblemático es el de la línea 148, fundamental para conectar Varela con la Ciudad de Buenos Aires, que lleva meses con servicios paralizados o extremadamente reducidos, afectando a localidades como San Francisco Solano.
El conflicto se agudizó por el incremento en el precio del gasoil y la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, lo que llevó a las cámaras empresarias a aplicar de forma unilateral un recorte del 30% al 40% en las frecuencias para intentar equilibrar sus balances económicos.
La paradoja del sistema actual es que, mientras la calidad y cantidad de los viajes disminuye, el costo para el bolsillo del usuario no paró de subir. La tarifa mínima registró un incremento superior al 1200%, situándose actualmente por encima de los $753,74 tras la última actualización.
Las cámaras que agrupan al transporte de la Provincia de Buenos Aires, como la CEAP y la CETUBA, advirtieron que la situación financiera es insostenible debido a una deuda estatal en subsidios que supera los 128 mil millones de pesos. Sin estos fondos, las empresas aseguran que no pueden renovar la flota, lo que deriva en unidades más antiguas, con fallas mecánicas frecuentes y menor capacidad operativa.
En el norte del conurbano, el conflicto ya decantó en medidas de fuerza puntuales de líneas como la 707 y 333 por salarios adeudados, un escenario que los choferes del sur no descartan repetir si no hay una solución de fondo. El próximo 30 de abril se realizará una reunión clave en la Secretaría de Transporte de la Nación para intentar destrabar el conflicto.
Mientras tanto, los cinco millones de personas que diariamente se movilizan desde el conurbano hacia la Capital Federal deben viajar hacinados, parados y afrontando demoras que alteran por completo la jornada laboral. Los especialistas advierten que, de no mediar una reforma estructural en la administración de los subsidios entre Nación, Provincia y Ciudad, el sistema corre riesgo de colapso total en el corto plazo.
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