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La grave crisis institucional y económica que atraviesa el Club Atlético Banfield sumó un nuevo y tenso capítulo en las últimas horas. Tras las protestas generadas por la falta de pago de haberes y la posterior desvinculación de ocho empleados de la institución, la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense intervino de oficio y dictó la conciliación obligatoria, intentando poner un freno transitorio al conflicto laboral en el sur de la provincia de Buenos Aires.
La alarmante situación se agravó drásticamente luego de que la comisión directiva decidiera rescindir los contratos de los trabajadores que venían manifestándose por deudas salariales acumuladas de varios meses. La medida patronal causó una honda indignación dentro de la comunidad, considerando que varios de los cesanteados contaban con más de dos décadas de antigüedad prestando servicios en las diversas áreas deportivas y recreativas del club albiverde.
La tensión alcanzó su punto máximo en las instalaciones que la institución posee en el predio de Luis Guillón, sitio donde los trabajadores afiliados a UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) resolvieron iniciar medidas de fuerza directas con retención total de tareas debido al estancamiento de las negociaciones colectivas. Representantes gremiales denunciaron que la precariedad de los haberes llegó al extremo de impedir que algunos empleados contaran con dinero para costear el transporte público diario.
El dictamen del organismo provincial establece una tregua obligatoria de 15 días hábiles, durante los cuales la dirigencia de Banfield deberá retrotraer las cesantías y sentarse a dialogar en una mesa paritaria. El objetivo del sindicato es que se regularicen de inmediato los salarios depreciados por la inflación actual y se asegure la estabilidad laboral en el marco de una crisis económica que mantiene preocupados a los socios y la masa societaria de la institución del sur del Conurbano.
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